La palabra constitución, en un sentido amplio (latu sensu), tiene diversas acepciones según se aprecie por las ciencias sociales, por la política o simplemente por las ciencias jurídicas. Sin embargo, la Constitución escrita con mayúscula se refiere a la de un estado cualquiera, y así como la constitución de un hombre es distinta a la de una mujer, la Constitución de un Estado es distinta a la de otro Estado.
Ahora bien, estudiando la Constitución venezolana de 1999, nos paseamos por un compendio de normas jurídicas que definen un esquema fundamental, que son elementos esenciales al sistema democrático del país, sin embargo, el escenario práctico, real y efectivo que viven los ciudadanos de la patria, se configura de valores, hechos y discursos que plantean un ideal político promovido por el gobierno, sus agentes y las instituciones del Estado y a lo que se ha denominado REVOLUCION BOLIVARIANA.
Esto ha generado una discusión polémica y cuyo planteamiento podría hacerse mediante una pregunta: ¿Puede concebirse y desarrollarse en un mismo sistema el orden jurídico constitucional Democrático y la Revolución?.
Según el diccionario de la Real Academia española, la palabra Revolución, significa “acción y efecto de revolver. Cambio violento de las instituciones políticas de un país y por extensión, alboroto, inquietud. Mudanza o nueva forma en el estado o gobierno de las cosas”. Si bien el objetivo, no es estudiar la teoría de la revolución, la atención radica en analizar la posible relación entre Democracia, Estado de Derecho y los principios fundamentales de la Constitución Nacional, con la actividad y el ejercicio de gobierno realizado por los actúales dirigentes y funcionarios detentadores del Poder Nacional, Regional y Municipal.
Con frecuencia observamos en los medios de comunicación, como partiendo de la figura del Presidente de la Republica y paseando luego por algunos Diputados, Concejales, Ministros, Gobernadores, Alcaldes y lo que es mas graves ha Magistrados del alto Tribunal de la Republica, exponer que el momento histórico que vive la Patria de Bolívar, debe componerse de lineamientos REVOLUCIONARIOS cargados de un socialismo que trascienda el cuerpo y alma colectiva de la nación , con la firme intención de expresar hacia el pueblo un mensaje inequívoco de que en Revolución Socialista, la Republica Bolivariana de Venezuela, logrará en mediano plazo, reivindicar valores y escenario dignificantes a favor de todos los ciudadanos.
Si bien dentro de la diatriba del discurso político lo planteado por el Gobierno, suena muy esperanzador, la realidad es otra y debe ser diferente.
Primeramente, porque por mandato Constitucional los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, al punto de que solo la Constitución y las Leyes definen sus atribuciones y competencias, y en consecuencia como corolario o secuela de lo primero, al configurarse Venezuela como un Estado Democrático y Social de Derecho, es impertinente y a su vez ilegitimo, de que todas las actividades desempeñadas por los actúales funcionaros de gobierno bajo consignas revolucionarias atentan de manera flagrante a la Constitución y La Ley, por consiguiente son ineficaces y por tanto nulos.
No pueden seguir siendo, ni debemos permitir la presencia de FUNCIONARIOS DE PAPEL, que se presten a mandatos demagógicos de naturaleza ideológica para la construcción de un Psudo-Estado paralelo, que quiere transcurrir por un camino de transición y de lucha ideológica entre la corriente reformista y la revolucionaria, entre el capitalismo y el socialismo, para finalmente aterrizar en un comunismo innecesario. No sigan comprometiendo su DIGNIDAD.
Debemos crear conciencia nacional mediante una reflexión colectiva, procurando entre todos el retorno de la institucionalidad y al respeto del Estado de Derecho: concebido como aquel estado eficiente y que es prerrequisito esencial para la estabilidad democrática, para la protección efectiva de los derechos humanos y ciudadanos y para que pueda haber un desarrollo de bienestar colectivo económico y socialmente equilibrado. CULTURA Y PROGRESO; DEMOCRACIA Y UNION.
Abg. Juan Pablo Rosales Esser
C.I 14.623.930
Ahora bien, estudiando la Constitución venezolana de 1999, nos paseamos por un compendio de normas jurídicas que definen un esquema fundamental, que son elementos esenciales al sistema democrático del país, sin embargo, el escenario práctico, real y efectivo que viven los ciudadanos de la patria, se configura de valores, hechos y discursos que plantean un ideal político promovido por el gobierno, sus agentes y las instituciones del Estado y a lo que se ha denominado REVOLUCION BOLIVARIANA.
Esto ha generado una discusión polémica y cuyo planteamiento podría hacerse mediante una pregunta: ¿Puede concebirse y desarrollarse en un mismo sistema el orden jurídico constitucional Democrático y la Revolución?.
Según el diccionario de la Real Academia española, la palabra Revolución, significa “acción y efecto de revolver. Cambio violento de las instituciones políticas de un país y por extensión, alboroto, inquietud. Mudanza o nueva forma en el estado o gobierno de las cosas”. Si bien el objetivo, no es estudiar la teoría de la revolución, la atención radica en analizar la posible relación entre Democracia, Estado de Derecho y los principios fundamentales de la Constitución Nacional, con la actividad y el ejercicio de gobierno realizado por los actúales dirigentes y funcionarios detentadores del Poder Nacional, Regional y Municipal.
Con frecuencia observamos en los medios de comunicación, como partiendo de la figura del Presidente de la Republica y paseando luego por algunos Diputados, Concejales, Ministros, Gobernadores, Alcaldes y lo que es mas graves ha Magistrados del alto Tribunal de la Republica, exponer que el momento histórico que vive la Patria de Bolívar, debe componerse de lineamientos REVOLUCIONARIOS cargados de un socialismo que trascienda el cuerpo y alma colectiva de la nación , con la firme intención de expresar hacia el pueblo un mensaje inequívoco de que en Revolución Socialista, la Republica Bolivariana de Venezuela, logrará en mediano plazo, reivindicar valores y escenario dignificantes a favor de todos los ciudadanos.
Si bien dentro de la diatriba del discurso político lo planteado por el Gobierno, suena muy esperanzador, la realidad es otra y debe ser diferente.
Primeramente, porque por mandato Constitucional los funcionarios públicos deben estar al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna, al punto de que solo la Constitución y las Leyes definen sus atribuciones y competencias, y en consecuencia como corolario o secuela de lo primero, al configurarse Venezuela como un Estado Democrático y Social de Derecho, es impertinente y a su vez ilegitimo, de que todas las actividades desempeñadas por los actúales funcionaros de gobierno bajo consignas revolucionarias atentan de manera flagrante a la Constitución y La Ley, por consiguiente son ineficaces y por tanto nulos.
No pueden seguir siendo, ni debemos permitir la presencia de FUNCIONARIOS DE PAPEL, que se presten a mandatos demagógicos de naturaleza ideológica para la construcción de un Psudo-Estado paralelo, que quiere transcurrir por un camino de transición y de lucha ideológica entre la corriente reformista y la revolucionaria, entre el capitalismo y el socialismo, para finalmente aterrizar en un comunismo innecesario. No sigan comprometiendo su DIGNIDAD.
Debemos crear conciencia nacional mediante una reflexión colectiva, procurando entre todos el retorno de la institucionalidad y al respeto del Estado de Derecho: concebido como aquel estado eficiente y que es prerrequisito esencial para la estabilidad democrática, para la protección efectiva de los derechos humanos y ciudadanos y para que pueda haber un desarrollo de bienestar colectivo económico y socialmente equilibrado. CULTURA Y PROGRESO; DEMOCRACIA Y UNION.
Abg. Juan Pablo Rosales Esser
C.I 14.623.930