En Araure, 15 de Diciembre de 2009
El derecho –lo mismo que el Estado-, es un medio o instrumento de técnica social para el cumplimiento de los fines humanos individuales y colectivos. De ahí su constante mudanza y la necesidad de su adecuación, cada vez más perfecta, a las exigencias del bienestar, o si se quiere, de la felicidad del conjunto integral y armónico de la sociedad.
La historia nos demuestra que las sociedades humanas han tratado siempre de regirse por normas impersonales y desintencionadas. El imperio del derecho es, ante todo, la sustitución de la voluntad arbitraria y personal, caprichosa e inestable, de hombres que gobiernan a su antojo, por la autoridad de la Ley, cuyas normas abstractas generales y permanentes excluyen toda arbitrariedad directamente intencionada.
Ahora bien, una Constitución es un orden jurídico fundamental, integral y estable, impuesto a todos los miembros de la sociedad, lo mismo a los gobernados que a los gobernantes y en consecuencia, impregna con sus postulados, la vida de una sociedad civilizada y culta, cuyo objetivo es convertirse en una materialización concreta del ideal de Justicia Social.
Nuestra Constitución Nacional, hoy cumple 10 años de vigencia y publicación, más algunos sectores de la sociedad han manifestado que dicha norma Suprema, aprobada por el pueblo de Venezuela y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente, en el devenir de esta década, ha carecido de vigor, eficacia, fuerza o valor ante la realidad Jurídica del País, por el contrario, el sector oficial celebra con orgullo y realzan con sentimiento patrio tal aniversario, pues la misma ha permitido un avance sociopolítico sin precedente en la historia Republicana Venezolana.
Entrar ha la consideración de cual de los dos bandos tiene la razón, seria descontextualizar el presente articulo, que por el contrario pretende alertar sobre esa dialéctica política, que a todas luces es signo evidente de la polarización presente en la ciudadanía venezolana, que soslayan y alteran los fundamentos principales del patrimonio moral y cívico, subsumidos en la misma Constitución Bolivariana.
Según el maestro Robinson, “El fundamento del Sistema Republicano, esta en la opinión del Pueblo y esta no se forma sino instruyéndola”, en consecuencia nadie hace bien lo que no sabe y nunca se hará Republica con gente ignorante.
Nuestra Constitución en su Articulo 2, sostiene “Que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, a primera vista y desde un punto de vista teórico parece perfecto tal disposición Constitucional, pero en la practica ¿existe un ciudadano venezolano llámese como se llame, sea un pata en el suelo o sea un ricachón de la IV Republica o un Boliburgués de la V, sea un Funcionario Publico o un Trabajador Independiente; que pueda afirmar con propiedad que la Constitución Bolivariana le ha permitido o le ha garantizado gozar y disfrutar en su vida cotidiana y de forma integral, bien para sí o para su familia y entorno, de un Bienestar Social, de Seguridad Jurídica, de Seguridad Social, de Seguridad Personal, de Calidad de Vida, de Respuesta a sus Necesidades, de Vivienda, de Educación, de Salud etc…,?..... sin temor a equivocarme, puedo afirmar, que no existe un solo venezolano que asegure que la Constitución Bolivariana le hubiera garantizado tal Calidad de Vida.
Y ello es así, porque la Constitución, no es más que una Ley, una letra escrita que necesita del Estado para que pueda existir. La moral y la política perfecta no existen, solo la Ley y la correcta aplicación e interpretación Ética de la misma, es lo que producen un Estado que imite y simule el ideal de un buen Gobierno.
El Derecho y la Ley son el verdadero reflejo moral y político, del saber y el poder, y por tanto, el destino final que enaltece o degrada la gestión de un Político, su sistema de gobierno o el ideal que proponga (Capitalismo, Socialismo, Democracia Social, Nacionalismo, Izquierda, Derecha, Comunismo, Tercera Vía…), y corresponde por tanto, a los ciudadanos, al pueblo organizado, como lideres y detentadores absolutos de la Soberanía Nacional, velar por la correcta aplicación, interpretación y eficacia de toda Norma Jurídica.
Ello es y no otra la verdadera Filosofía Jurídica que debe imperar en un Estado Democrático y Republicano, que se sustenta, vanagloria y profesa en ideales del Constitucionalismo Contemporáneo propios del Siglo XXI, como garantía suprema que asegura la existencia digna de los derechos y libertades del hombre libre, con la posibilidad de vivir y acercarse a valores de Justicia Progresiva, Conducta Ética y Bien Común.
Si bien, a 10 años de la entrada en Vigencia de la Constitución Bolivariana, seguimos apreciando la división política ideológica entre ciudadanos hermanos de una misma nación, solo la confluencia de esfuerzos por el logro de puntos consensuales, tenderá a tener mas larga vida y será mas valorada, que si es producto del disenso e imposición de una mayoría circunstancial.
La Constitución Nacional, establece las reglas de juego de nuestro Contrato Social, y el respeto de todos y cada uno de nosotros a la Ley, es lo que permitirá la expresión por antonomasia del “gobierno de las Leyes” y no del “Gobierno de los Hombres”.
Abg. Juan Pablo Rosales Esser
C.I 14.623.930
